El Sector Pesquero y de Alimentos Marinos es de vital importancia para la economía de crecimiento azul, como alimento para los ciudadanos y para las comunidades e individuos involucrados en la misma. Sólo en la UE hay un total de 350.000 personas empleadas en el sector pesquero, y el Valor Añadido Bruto del procesado representa el 6% de toda la industria alimentaria.
Más aún, la UE importa 25 billones de euros de pescado y marisco, y exporta 4,7 billones de euros; además, muchas empresas pesqueras europeas capturan y procesan grandes proporciones de sus productos fuera de la UE, lo que significa que hay muchos trabajadores involucrados, en todo el mundo, en la provisión de alimentos marinos para los mercados de la UE.
Los derechos de los trabajadores de la pesca
Esto significa que en el proceso que va desde la pesca hasta la comercialización, muchos de los productos que llegan a nuestros mercados, pasan por diferentes legislaciones y normativas que regulan todos los aspectos relacionados con la misma, incluyendo entre ellos, los aspectos sociales. Aspectos sociales dentro de las cadenas de suministro que son de capital importancia para los trabajadores, y que tienen especial dimensión para la pesca en la UE. Entre ellos, podemos señalar, entre otros, los siguientes motivos de preocupación:
- Abusos laborales en embarcaciones que operan en aguas no comunitarias.
- Desigualdad social: Condiciones laborales muy desiguales entre unos y otros países.
- Seguridad: los empleos pueden estar mal pagados, ser peligrosos y poco atractivos como profesión, especialmente para los jóvenes.
- Trabajo esclavo: existencia de trabajo no regulado o en condiciones laborales muy por debajo de los mínimos exigibles a nivel internacional
Esto es especialmente importante para el cumplimiento de los estándares laborales exigidos dentro de la UE. Es más, los medios de monitorización o de implementación de los estándares laborales son mínimos o nulos en ciertos escenarios, por ejemplo, el de los trabajadores en embarcaciones internacionales que la UE no puede monitorizar. La conclusión es que pocas normas impiden la llegada a la UE de productos que provienen de una pesca donde las condiciones sociales no están reguladas.
Más aún, en la actualidad la UE tan sólo puede esperar que los países de origen de sus importaciones se adhieran a protocolos o convenios internacionales, como el C188 de Trabajo en Pesca, que regula las condiciones mínimas laborales para que los países lo usen como un mínimo legal sobre el cual edificar sus condiciones laborales para la pesca.
Este hecho, unido a la creciente desafección por la profesión pesquera, dadas sus condiciones laborales, representa un hándicap creciente para poder ofrecer productos pesqueros como el atún, garantizando no sólo los aspectos ambientales, sino también y especialmente, los sociales.
Buenas prácticas pesqueras
La norma UNE 195006 de Atún de Pesca Responsable, la primera reconocida por la Organización Internacional de los Trabajadores como el primer estándar internacional de sostenibilidad social, recoge un código de buenas prácticas que afectan a los siguientes aspectos:
- Edad mínima para trabajar a bordo de buques pesqueros.
- Reconocimiento médico previo a embarque.
- Contrato de trabajo por escrito.
- Salario mínimo.
- Horas de descanso.
- Duración del contrato, viaje y periodo de descanso entre campañas.
- Dotación.
- Enfermedad, lesión o muerte.
- Repatriación.
- Atención médica.
- Prevención de riesgos laborales.
- Seguridad Social.
Este conjunto de aspectos garantiza de las entidades pesqueras certificadas en la norma UNE 190006 y las empresas conserveras o comercializadoras adheridas a la cadena de custodia de APR, puedan garantizar unos estándares sociales mínimos que permitan al consumidor garantizar que el atún que está comprando, cumple todos estos requisitos sociales.
La sostenibilidad social es un aspecto clave que debe tenerse tan en cuenta y ello debe llevar a reflexionar a las entidades públicas, como la Unión Europea, a valorar la necesidad de fortalecer la supervisión del origen de los productos pesqueros que, como el atún, tienen acceso al mercado europeo, si quiere garantizar que estos productos no incumplan su propia legislación interior.